La importancia del entorno ético-legal PDF Imprimir E-Mail
Colaboraciones - Piensa en Liberal
Escrito por Daniel Ballesteros Calderón   
miércoles, 28 de abril de 2010

ImageAlgunos adscritos a la moderna Escuela Austríaca realizan críticas muy duras hacia las dos principales ramas neoclásicas de la Economía, el keynesianismo y el monetarismo, señalando -no sin razón- que muchos de sus supuestos no tienen en cuenta la realidad e incluso la falsean para poder realizar análisis matemáticos y econométricos y así prescribir políticas ideales de gestión pública y privada. Ahora bien, estas dos escuelas llevan cuarenta años luchando por incorporar supuestos más realistas en sus análisis, eso sí, sin renunciar a la imposible pretensión de matematizar todos sus análisis. Pero estos adscritos a la Escuela Austríaca de los que hablo no realizan el mismo esfuerzo para detectar errores en sus planteamientos, quizás debido a prejuicios ideológicos nacidos de su rechazo frontal hacia lo que entienden por  "socialismo". Este rechazo es bienintencionado, pero a menudo no sobrepasa la caricatura de considerar que "socialismo" es todo lo que hace un Estado –incluyendo toda regulación de las actividades económicas privadas- y equivale al “diablo con rabo” mientras que el "mercado" es todo lo que hacen las empresas de forma irrestricta y equivale al paraíso terrenal.

LOS PRECIOS

Comenzando por los precios, éstos pueden reflejar casi toda la información relevante para la compra-venta de un bien o servicio. Básicamente, ésta consiste en la escasez o abundancia presente de un bien o servicio en relación con la demanda prevista en diferentes plazos temporales, el coste de producción y el porcentaje de beneficio que el vendedor añade (o detrae) a este coste para formar el precio de venta.  

 Ahora bien, en el mundo real los precios no se forman por negociación completamente autónoma entre un oferente y un demandante: los términos de sus acuerdos se ven constreñidos por un entorno institucional dotado de mecanismos ético-legales que previenen lo que se consideran abusos en base a una idea de lo que se considera es el hombre (una antropología) y lo que es justo de acuerdo con dicha antropología (dando lugar a una justicia conmutativa y distributiva). De esta forma -y empleando términos tomistas- se restringe la libertad natural de una persona “A” implicada en una compraventa que puede actuar de forma dañina hacia otra persona “B” –implicada o no en esa compraventa- para que, actuando A de forma justa, B pueda vivir su existencia de una forma digna. De esta manera se orienta la acción humana hacia la libertad moral, para que, conociendo de forma más precisa lo que es el bien, pueda elegir el bien antes que el mal, lo que implica fomentar una sociedad en la que se incremente el bienestar y felicidad de cada persona humana 

Pondré  el ejemplo de una panadería con horno propio:  

1º. La barra de pan incorpora el coste de obligar legalmente a gestionar con seguridad los residuos nucleares de la central que provee de electricidad al horno que cuece el pan; con ello se impide que una forma de abaratar costes sea arrojar a un vertedero común los restos radiactivos, algo que afecta de forma directa o indirecta –acuíferos- a la vida.  

2º. Esa misma barra incorpora la obligación legal de dotar de un seguro de conducción al conductor del vehículo que hace el reparto, de forma que si tiene un accidente pueda afrontar la responsabilidad monetaria de los daños que ocasione.  

3º. También incorpora el coste de la obligación legal de cumplir con la legislación ADR de la pintura y disolventes que se han empleado en la decoración de la panadería aneja al horno, cuyo objeto es identificar adecuadamente el producto y su envase para su empleo y transporte en condiciones de seguridad por vías públicas.  

4º. También el seguro de responsabilidad civil que la constructora de ese nuevo horno-despacho de pan ha tenido que satisfacer para cubrir los posibles accidentes y daños a propiedades ajenas que pudieran acontecer durante los trabajos. También está incorporado parte del precio de los Equipos de Protección Individual (EPIs) que los obreros que construyeron el taller debían llevar para reducir la siniestralidad laboral, así como el de las demás medidas de seguridad -barreras o seguridad de los procesos- que protegieron sus vidas y parte del salario del responsable de riesgos laborales de la empresa.  

5º. Los costes de un sistema de seguridad social, vía copago empresarial de las cuotas (aunque en la realidad se pueda repercutir parcial o totalmente sobre el salario del empleado), que permita que ningún hombre quede desamparado cuando tenga una necesidad sanitaria o no disponga de rentas en su vejez (ahora no entraremos a discutir si es un régimen insostenible, que lo es).

Si no existieran leyes que obligan a todos los intervinientes en un mercado a cumplir con estos deberes, sería extremadamente difícil que se pudiesen proteger adecuadamente la vida, el ejercicio de la libertad y/o la propiedad privada de cada persona. Es decir, el mercado no actúa en un vacío ético-legal, por lo que los precios que se forman en un mercado incorporan, por el mero hecho de que existen leyes éticas, información muy relevante que de otra forma no contemplarían; como por ejemplo los costes no monetarios derivados de conductas no éticas en la producción de esos bienes o servicios (muertes, robos, envenenamientos, mutilaciones, etc). Por tanto, la primera nota importante acerca de las leyes éticas es que añaden costes a la producción de determinados bienes y servicios; aunque -y esto es también relevante- pueden disminuir las de otros, como pasa con el precio de los seguros de accidentes laborales cuando las empresas son obligadas a cuidar la salud de sus trabajadores o de daños por escapes radiactivos.    

Estos costes a veces son asumibles, pero en otras ocasiones resultan prohibitivos, lo que hace necesario disminuir la protección que brindan las leyes éticas, so riesgo de ocasionar perjuicios muy negativos sobre el bienestar del conjunto de la sociedad –lo cual convertiría tales leyes en no éticas-. Por ejemplo, es imposible exigir las mismas medidas de seguridad en la construcción de un rascacielos en España que a la de un granero en un pueblo dogón de Mali, a no ser que se esté dispuesto a multiplicar el coste de estas últimas construcciones haciéndolas prohibitivas, lo que impediría almacenar el grano y ocasionaría hambre y plagas. Tampoco se pueden exigir los mismos certificados sanitarios a un ganadero francés que a uno suajili de Kenya que probablemente sea analfabeto o no tenga fondos para pagarlos, con lo que debería retirarse del mercado. Lo mismo sucede con el pago de cuotas sobre las emisiones de SO2 que se pueden reclamar a una gran empresa química alemana y quizás no a una pequeña de China, que probablemente no dispondrá de la tecnología para reducir las emisiones ni el capital necesario para sufragar su coste o afrontar las multas. Por poner un ejemplo común a todo país, diremos que no tiene sentido imponer la eliminación de todo rastro de insectos de las salsas de tomate, el ketchup o las alcachofas enlatadas, ya que ello supondría una multiplicación del precio de tales productos alimentarios.    

Por consiguiente, es cierto que la ley mejor intencionada puede resultar ser contraproducente bajo determinadas circunstancias (otras bajo cualquier circunstancia), pero ello no convierte a todas las leyes éticas en desaconsejables; y es que de unos casos negativos y muy específicos no se puede hacer categoría.  

EL ORIGEN DE LAS LEYES    

El proceso de creación y modificación evolutiva de las leyes siempre es deliberado, siendo sus creadores gobernantes profesionales y/o profesionales del sector económico que las leyes pretenden regular. Por consiguiente hay dos perfiles ideales de legislador: por un lado aquellos gobernantes que carecen del necesario conocimiento de la realidad de lo que pretenden regular, pero que pueden recurrir –o no- al consejo de profesionales del ramo. Por otro lado, tenemos a unos profesionales que conocen muy bien los problemas del sector y que tenderán a pactar las reglas de funcionamiento de su negocio con otros profesionales.    

Si esperamos que unos u otros promulguen leyes éticas nos encontraremos con enormes problemas:  

 -Los gobernantes: como seres humanos, están interesados en maximizar su bienestar personal, sólo que unos obtienen bienestar al mejorar las condiciones de vida de sus gobernados, y otros sólo piensan en cometer crímenes (básicamente robar) para incrementar su bienestar material. En todo caso sus creaciones legales afectan a multitud de individuos integrados en grupos sociales diferentes, resolviendo o agravando conflictos de interés cruzados.  

Si sus leyes están inspiradas por principios de justicia conmutativa, aspirando a otorgar a cada persona los mismos derechos y deberes que otra, independientemente del grupo social al que pertenezcan, el resultado será muy diferente al de permitir que unos tengan unos derechos de los que otros carecen (esclavitud en las antiguas Grecia o Roma, voto censitario en el siglo XIX) o unos deberes de los que otros quedan exentos (el tributo para los dhimmies o el caso de la leva española durante el siglo XIX, que se podía eludir a cambio de un pago al Estado). Lo mismo sucede si las leyes integran principios de justicia distributiva, tratando de garantizar cierto nivel mínimo de asistencia material, evitando por ejemplo la muerte por frío (Canadá, donde el Gobierno pasa un dinero a la ciudadanía para gastos de calefacción) o inanición (comedores escolares gratuitos en algunos países del Tercer Mundo).


Esta perspectiva de los costes ético-legales es difícil de asumir por aquellos que prefieren criticar las prescripciones ético-legales del Estado meramente por ser del Estado o incrementar los costes monetarios de producción de bienes y servicios, sin detenerse a valorar los costes realmente incurridos que, como bien sabe un austríaco, no son solamente monetarios.  

A menudo proponen una hipotética alternativa anarquista consistente en la elección de los códigos ético-legales más convenientes por parte de los individuos, obviando no sólo los enormes costes de transacción y desacuerdos a que esto llevaría, sino también a un entorno en que las leyes dejan de estar basadas en ; \n Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

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