La ética de la guerra PDF Imprimir E-Mail
Colaboraciones - Piensa en Liberal
Escrito por Mario García   
sábado, 03 de enero de 2009

ImageResultaría interesante que trazásemos una postura objetiva (en el sentido de universal, para todos los casos) sobre qué nivel de respuesta es el adecuado en los casos de legítima defensa en el contexto de los conflictos bélicos internacionales. Del debate nacido a raíz del ataque de Israel a Gaza surge una indudable duda moral: ¿Cuál es la debida proporcionalidad que deben guardar las acciones defensivas frente a las agresiones ilegítimas de Hamás contra el territorio de Israel? Es decir ¿cuál es el ratio de intercambio adecuado a la hora de responder proporcionadamente a un ataque? Tal determinación debe hacerse erga omnes, para todos los casos, sin fijarse únicamente en el caso israelí, de tal manera que obtengamos una calificación universal referente a qué conductas autodefensivas están justificadas y cuáles no. Así podríamos evitar la contaminación política que afecta a este asunto concreto.

1. La postura jurídico-internacional

Creo que una buena forma de empezar, es analizar las exigencias positivas del Derecho internacional en relación a la legítima defensa frente a las agresiones armadas, para luego pasar a un marco más realista. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas señala que un Estado sólo está autorizado a ejercer la legítima defensa frente a un ataque armado ilegítimo hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, la legítima defensa es una medida provisional (hasta que actúe el Consejo), subsidiaria (sometida a lo que disponga el Consejo) y está sometida a la notificación diligente al Consejo de Seguridad de las medidas autodefensivas tomadas (de tal manera que si el Consejo de Seguridad no es informado de las acciones emprendidas, la acción se torna ilegal). Además, al considerar "inmanente" el derecho a la legítima defensa, el artículo 51 delega en el derecho consuetudinario la posible existencia de otras condiciones que limiten el ejercicio de este derecho. En este sentido, la Sentencia de referencia es la CIJ Recueil 1986, que señala que un cuarto requisito es la existencia de proporcionalidad en la respuesta, entendiéndola como la aplicación de medidas que fueran proporcionadas con la agresión armada sufrida, y necesarias para responder a la misma. Es decir, se cumple el requisito de la proporcionalidad cuando [1]:

1º. Haya necesidad de responder al ataque para interceptarlo.
2º. La medida se limite a hacer cesar la agresión, no cabiendo acciones militares de respuesta que no tengan ese fin, ni siendo legales las actuaciones coercitivas contra el Estado agresor una vez finalizado el ataque.

Visto lo anterior, la acción israelí podría ser ilegal por no plegarse a las exigencias del Consejo de Seguridad de la ONU (si bien aún no se ha dictado una resolución vinculante), y por no limitarse únicamente a eliminar el ataque de Hamás.

2. La insuficiencia del Derecho internacional

Pero más allá de las optimistas e ingenuas condiciones del Derecho internacional (¿ha dado el Consejo de Seguridad alguna solución efectiva a un conflicto armado sin que antes los propios contendientes hayan acordado poner fin a las hostilidades?), debemos enjuiciar las condiciones del escenario bélico en un plano más realista (¿tendría sentido que un Estado se suicidase siguiendo una orden del Consejo de cesar en la autodefensa ante la promesa de una ayuda militar que posiblemente tarde en llegar?).

Desde un punto de vista moral, opino que la forma más razonable de acercarse al plano de la autodefensa en el contexto internacional debe tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede en el marco interno del Estado, no existe un poder superior que administre justicia y arbitre las relaciones entre los sujetos internacionales (o al menos, su poder no es demasiado efectivo). En efecto, en el plano internacional los Estados deben hacer frente a las agresiones por sí solos, sin poder esperar que tras el rechazo inicial del ataque, acuda una fuerza de orden a interceptar coactivamente al sujeto agresor. Así pues, estamos ante un escenario en el que la eficacia del Derecho internacional es mínima, siendo necesario que los Estados recurran a la autotutela de sus derechos.

Un Estado agredido no sólo puede verse limitado a eliminar la agresión (hacer que cese), sino que en la inmensa mayoría de los casos, no mediando intervención efectiva de los organismos internacionales legítimos, se verá obligado a eliminar por sí mismo los instrumentos bélicos que esté empleando su enemigo. Por decirlo de otra manera: si algún vecino nos acosa, y nos agrede de forma frecuente, podemos usar la fuerza para rechazar cada agresión concreta, pero una vez hecho esto, debemos informar a la policía para que se ocupe de custodiar al individuo y garantizar nuestra seguridad a través de medidas coercitivas. Sin embargo, en el nivel internacional, el Estado que repela un ataque armado, no puede limitarse a rechazar el ataque y luego esperar que la policía internacional garantice su seguridad a través de medidas coercitivas, principalmente porque ésta no existe (y si hay algo análogo, en general no es efectivo). Es por ello que el Estado que ejerce la autotutela de sus derechos no sólo debe limitarse a hacer cesar la agresión, sino que debe poder actuar contra las herramientas bélicas de su enemigo, siempre que éstas representen un peligro razonable para el Estado agredido. Por explicarlo con otras palabras: el Estado agredido no sólo está legitimado a repeler el ataque hasta que cese, sino que tiene el derecho a responder a la agresión con el objetivo, por ejemplo, de desarmar a su enemigo. Lo contrario sería asumir que un Estado no podría responder a un ataque una vez finalizado éste.

3. Principios ético-políticos para la actuación bélica

Opino que la actuación del Estado que autotutela sus derechos debe someterse a estos principios:

1º. Cuando actúe en legítima defensa, sus acciones no están sometidas al principio de la proporcionalidad (equivalencia del daño causado con el recibido), sino al de la necesidad racional del medio empleado para repeler el ataque. Por lo tanto, el daño causado puede ser mucho mayor que el recibido, siempre que sea imprescindible para rechazar el ataque.
2º. Fuera del supuesto anterior, cuando autotutele su derecho a la seguridad internacional a través de acciones agresivas de respuesta, debe seguir el criterio de la proporcionalidad en sus acciones, de tal manera que debe existir una razonable simetría entre el fin perseguido y las medidas empleadas.

A pesar de lo anterior, debemos tener en cuenta que, primero, estamos hablando del complejo ámbito de las relaciones internacionales y, segundo, que estamos hablando de normas morales. En este sentido, no todos los Estados tienen el mismo rango moral en el contexto de una guerra. No es lo mismo una nación democrática de corte occidental, que una nación dictatorial y opresiva. No es lo mismo que Corea del Norte trate de invadir a Corea del Sur, que suceda al revés. Así pues, debe tenerse en cuenta que los principios antes señalados:

1º. Son tanto más laxos cuanto más despótica sea la nación agresora y más democrática y libre sea la nación agredida;
2º. Son tanto más estrictos y restringidos cuando más libre sea la nación agresora y más tiránica la nación agredida. Además, la agresión armada inicial de una nación libre a una dictatorial quedará totalmente justificada en el caso de que aquella se hiciese con el objetivo principal o subsidiario de derribar al Gobierno de la nación totalitaria y establecer en su lugar un sistema democrático liberal.

Lógicamente, y dada la complejidad de las situaciones internacionales, es posible que este baremo moral deba ser matizado en el futuro, pero creo que como resumen, da una idea aproximada de mi opinión.

____________
[1] González Campos, Sánchez Rodríguez, Sáenz de Santa María. Curso de Derecho Internacional Público. 4ªEd., Pamplona, 2008, página 1017.


Mario García
Acerca del Autor:
Estudiante de Derecho en la Universidad de Oviedo
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