 Auguste Comte tenía muy claro que quienes gobiernan la sociedad son los muertos. Cada generación queda condicionada por las decisiones, las leyes y la mentalidad de las anteriores. Sin embargo, el atento estudio del pasado no debe entenderse como su sacralización; al contrario, el progreso consiste, precisamente, en que los vivos se sacudan —por poco que sea— el yugo de los muertos, porque el poder de la muerte acaba destruyéndolo todo, esterilizándolo todo y al final en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño.
Hora es de que nos libremos de los lamentables principios que inspiraron la desastrosa concepción territorial de nuestra vigente Constitución, que rompamos las cadenas del pasado como supo hacer la Asamblea Nacional francesa en la noche de 4 de agosto de 1789. Fue uno de esos momentos estelares de la Revolución Francesa, antes de la orgía de sangre del 93. Aquella noche de gloriosa memoria, y a propuesta del muy rico duque de Aiguillon, la Asamblea Nacional, por unanimidad, suprimió los derechos señoriales. Ese es el origen de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada dos semanas más tarde. Nacía el ciudadano, y a raíz de ello no sólo se realizaba una revolución social, sino que se imponía el derecho acuñado en la Asamblea como fuente única de legitimidad frente a los derechos y costumbres locales. Los vivos le ganaban una baza a los muertos. Aquí, en cambio, la igualdad ante la ley ha sido una conquista parcial y reversible de la Guerra de Independencia y de la larga lucha de los liberales contra los carlistas. Como la última guerra carlista fue la de 1936 —la única que ganó el carlismo— ni siquiera la España franquista se atrevió a tocar el Derecho Foral y durante la dictadura se publicaron interesantes recopilaciones de nuestro derecho local; y es que da igual quien gobierne, da igual el régimen, al final los émulos de Mirameba acaban saliéndose con la suya. La insondable estupidez de nuestros padres constitucionales al reconocer los “derechos históricos” provinciales suponía un mentís a la igualdad ante la Ley, una victoria aplastante de los muertos sobre los vivos. Hoy vemos el triste resultado: en media España se persigue la lengua española, en Cataluña y el País Vasco siguen adelante los planes de romper la unidad nacional, en el Parlamento gallego se reivindica el Bierzo en nombre de los reyes suevos y a poco que sigamos Cartagena se nos vuelve cantonal. El sistema de las Autonomías se reduce a la victoria de lo medieval sobre lo moderno, de lo particular sobre lo general, de lo imbécil sobre lo inteligente y de lo inútil sobre lo necesario. Cada vez que oigo hablar de “derechos históricos” se me pone el alma jacobina y me crece un gorro frigio entre las orejas.
Cada vez que oigo hablar de “derechos históricos” se me pone el alma jacobina y me crece un gorro frigio entre las orejas. 
Ya me empieza a cansar el sonsonete de utilizar la Historia para asentar y perpetuar la desigualdad entre los españoles. Normalmente resulta difícil acabar con los privilegios por supresión. ¡Los privilegiados no están por la labor! Mucho más práctico consiste en acabar con el privilegio por su extensión y generalización, como hizo Caracalla con el derecho de ciudadanía romano: lo extendió a todos los habitantes del Imperio, justo cuando ser ciudadano empezaba a no significar gran cosa ante el poder imperial. Era la igualdad en la nada…Por ejemplo, el vergonzoso privilegio fiscal del que disfrutan las provincias vascongadas tendría que extenderse a todas y cada una de las provincias de España. ¿Por qué sólo hay PER en Andalucía y Extremadura y no en otras provincias? ¿Por qué unos pagan y otros reciben sin atender a otro criterio que la consolidación de un privilegio por el paso del tiempo? Nuestra propuesta de igualdad esencial debiera consistir en la aprobación de una ley, la ley de 4 de agosto o de 28 de diciembre, redactada en estos términos: “Todo español, desde su nacimiento hasta su muerte, queda exento de cualquier tipo de tributación y se le asignará una pensión vitalicia de un millón de euros diaria. Todos y cada uno de los ciudadanos españoles quedan exentos de cualquier obligación para con el Estado, independientemente de las obligaciones que el Estado haya contraído respecto de los españoles. Todo español usará el título de Duque antepuesto a su nombre y apellidos y usará el tratamiento de Excmo. Sr. o Excma. Sra., gozará de los honores y privilegios anejos a la Grandeza de España, y será considerado primo del Rey y miembro de la Familia Real. Cualquier privilegio, honor o derecho que se hubiera en el pasado concedido a un ciudadano español, a cualquier provincia o entidad territorial de España, a cualquier asociación, empresa u organización, se considera extendido y generalizado, respectivamente, a todos los ciudadanos, provincias, entidades territoriales, asociaciones, empresas u organizaciones. Toda entidad local de España gozará de idéntica capacidad legislativa activa y de la máxima autonomía territorial que se le reconozca a cualquier otra entidad de la misma categoría. Todo español tiene el derecho a inventarse una lengua propia o a adoptar cualquier otra lengua existente para comunicarse con la Administración”. Al día siguiente de entrar en vigor, las Cortes aprueban otra ley redactada en estos términos: “Estando todos los españoles exentos de cualquier tipo de obligación para el Estado, y gozando todos de idénticos privilegios e inmunidades, y de idénticos derechos históricos, lingüísticos y económicos, siendo así inviable la continuidad del Estado, las Cortes consideran extintos por confusión cualquier derecho, privilegio o inmunidad que se base en el pasado, etc. etc.” A partir de entonces ya todos los españoles quedan en situación de igualdad y por lo tanto pueden las Cortes nuevamente reunidas aprobar leyes serias sin preocuparse por derechos históricos, adquiridos, supuestos o revindicados. Incluso podrían convocarse Cortes Constituyentes para construir un nuevo marco legal que garantice, para variar, que todos los españoles sean iguales ante la Ley. ¿Alguien en contra? |
