Quién debe enseñar democracia PDF Imprimir E-Mail
Colaboraciones - España
Escrito por Leandro Benavides   
martes, 10 de marzo de 2009

ImageEl embrollo polémico suscitado a propósito de la ley de Educación para la ciudadanía necesita ser esclarecido para que cada uno sepa qué es lo que se está discutiendo. Adelantaré que, pese a tanto debate, la cuestión es sencilla de formular y al mismo tiempo muy enconada por el antagonismo irreductible de las distintas posiciones. Expondré las cosas de forma lapidaria y finalmente indicaré la única solución que, a mi juicio,  cabe dar al conflicto. Una solución por otra parte bien sencilla.

Partimos de la Ley de educación para la ciudadanía que el actual gobierno socialista ha conseguido que se apruebe dada la mayoría parlamentaria de que dispone. Según esta ley, el Estado asumirá la educación democrática ciudadana mediante la inculcación en la juventud de una seria de valores morales que él juzga convenientes, prescindiendo de los deseos y convicciones de los padres o responsables de esa educación.     

Frente a esta política legislativa se ha alzado una corriente de opinión que denuncia la intromisión del Estado en materias que la Constitución atribuye a los padres de forma inequívoca: (“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación  religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, Art. 27,3).     

Para invalidar la política educativa socialista en este punto se promueven diversos recursos legales: manifestaciones públicas y masivas de protesta, impugnación de la ley como inconstitucional y la objeción de conciencia por considerarla lesiva de las creencias de los ciudadanos. La cuestión esencial y de fondo es ésta: ¿tiene el Estado derecho a invadir, en contra de su voluntad, facultades privativas de los legítimos responsables de la educación de los hijos? Mientras no se zanje la controversia, ambas partes tratarán de hacer que prevalezca su respectiva posición.       

¿Qué se puede decir de los recursos legales utilizados por quienes se oponen a la acción educativa, política y moral propugnada por el actual gobierno? Que se trata de medios perfectamente legales y que su virtualidad, en el caso que nos ocupa, depende de la decisión de los tribunales de justicia. Y en cuanto al recurso de inconstitucionalidad, al no existir ahora el recurso previo, una vez aprobada la ley, el Ejecutivo trata de aplicarla de inmediato.         

Estos son los hechos. ¿Cómo justifican las partes antagonistas su actitud? El gobierno alega como legítima la pretensión de promover una política educativa que contribuya a la implantación social de los valores democráticos según la apreciación que tienen de ellos los actuales gobernantes. Los responsables de la educación, impugnadores de la legislación del gobierno, argumentan que la cuestión básica es la privación de que son objeto de un derecho constitucional fundamental. Un hecho que juzgan de todo punto inadmisible. Y añaden que el contenido de la educación para la ciudadanía que pretende el gobierno se opone diametralmente en puntos básicos a los valores que ellos quieren enseñar a sus hijos en relación a la concepción de la vida personal y social.     

He dicho antes que la cuestión así planteada no tiene solución. Y así lo creo. Este gobierno pasará  y si el Tribunal Constitucional no le desautoriza, no por eso las asociaciones de padres se resignarán. Seguirán utilizando todos los medios legales a su alcance, activos o pasivos, para hacer valer sus reivindicaciones en las futuras consultas electorales. Y el litigio subsistirá indefinidamente. Por eso dije que el problema, así planteado, no tiene solución.      

¿Y cuál es, entonces, la fórmula que puede resolver este antagonismo? Es muy sencilla, constitucional y archidemocrática, sólo hace falta voluntad política para aplicarla. Se trata, pura y simplemente, de hacer efectiva y real la libertad de enseñanza que proclama la Constitución  y reconocer, de verdad, el derecho que tienen los padres de dar a sus hijos la educación que prefieran según sus convicciones. El estatismo nefasto que aún infecciona nuestra vida social y una inercia secular impiden a los ciudadanos y a los políticos que nos han gobernado y nos gobiernan impulsar la enseñanza en esta dirección de libertad y responsabilidad. Sólo así se resolverá este problema. Al mismo tiempo se obviarían también otros conflictos igualmente enconados que venimos arrastrando en España y que envenenan la vida social: la enseñanza de las lenguas vernáculas, la enseñanza de las religiones, los contenidos obligatorios u optativos en los planes académicos educativos…La implantación progresiva, pero real, de la tan proclamada libertad es la única solución. ¡Cuánto necesitamos de ella!


Leandro Benavides
Acerca del Autor:
Profesor emérito de la Universidad de Córdoba
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