El Alakrana y nuestras vergüenzas legislativas PDF Imprimir E-Mail
Colaboraciones - España
Escrito por Rafael González Casero   
martes, 17 de noviembre de 2009

ImageFinalmente, el secuestro del pesquero Alakrana se ha saldado con la liberación de sus tripulantes sanos y salvos, por lo que todos debemos darnos la enhorabuena. Cuarenta y cinco días esperando a que esta noticia se produjese han sido más que suficientes para que la sociedad, y esperemos que la clase política, tome conciencia del problema que supone faenar con un nivel de protección inferior al que tienen otros países.   
 
Insostenible era la angustia de las familias, que ya no sabían dónde tenían que acudir para que su voz se escuchase, pero era aún - y me temo que así seguirá siendo- más lamentable la imagen de vulnerabilidad que estaba mostrando nuestro país ante una situación de éste calibre. Desde luego que resulta fácil criticar las actuaciones de quien tiene la responsabilidad de dirigir la situación y tomar las decisiones en un asunto de tan extrema delicadeza. La vida de nuestros pescadores peligraría si una acción militar para rescatarlos se hubiese llevado a cabo sin tomar todas las cautelas posibles; aun así, el paso de los días y la inoperancia del Ejecutivo en este asunto habían acabado por colmar la paciencia de casi todos, habiendo llevado a los familiares a espetar a los responsables políticos, hagan ustedes lo que sea, pero por favor, hagan algo.

Por suerte, hoy podemos celebrar un final feliz a tantos días de desasosiego; pero, independiente de que esto finalmente se haya producido, el hecho de que un pesquero español haya sufrido un secuestro, así como los precedentes, como el que sufrió el Playa de Bakio en 2008, invitan a reflexionar sobre el motivo por el cual los piratas elijen nuestros barcos como su objetivo.

Sabemos que la protección que brindan otros estados como Francia a sus pesqueros es muy superior a la que dispensa nuestro país a los nuestros. Que mientras unos barcos se protegen con armamento miliar, los nuestros sólo pueden confiar en  su pericia para eludir a los piratas o en rezar para que éstos no les alcancen. También sabemos que nuestra legislación – esa que el Gobierno se empeña en adecuar a la europea en materias tan polémicas como el aborto, pero no en otras como la relativa a sanciones penales o a la protección de la seguridad en alta mar- sigue siendo blandengue, laxa, benévola y excesivamente garantista en lo que a reprimir las acciones contra la libertad y seguridad se refiere. El espectáculo de la determinación de la edad del ya famoso pirata somalí Willy, causa sonrojo y vergüenza a cualquiera. Lamentablemente, también podemos intuir, casi tener la certeza diría yo, que si el barco secuestrado hubiese pertenecido a otro país como Estados Unidos o Francia, otro gallo hubiese cantado.

Como suele suceder en muchas otras ocasiones, no se llegan toman medidas para evitar que se produzca algo hasta que esto no se ha producido. El Consejo de Ministros dio luz verde hace varios días a la producción de la normativa que posibilite que nuestros pesqueros cuenten con armamento para defenderse de los eventuales ataques; pero esto no les solucionó la situación a los pescadores que hasta hace horas permanecían en manos de los piratas.

Los que se pregunten por qué nuestros barcos son atacados, tienen la misma respuesta que los que se pregunten por qué las mafias internacionales se instalan en nuestro país o por qué motivo la banda terrorista ETA , que según ella lucha contra los estados español y francés, coloca bombas en Madrid pero no en París.

Nuestra legislación penal no protege como debiera hacerlo a los que merecen ser protegidos, que son ese común de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y no se meten en problemas, bien sean estos pescadores, víctimas de un robo con violencia en su domicilio o miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que en el cumplimiento de su deber son asesinados por terroristas. El absolutismo de los postulados más garantistas provoca indefectiblemente que las víctimas de actos delictivos se vean una y otra vez desprotegidas, y los verdugos, una y otra vez amparados por la batería de garantías con las que cuentan. De esta manera, el respeto hacia nuestro país, hacia nuestro ordenamiento jurídico, hace aguas por todos lados, y eso lo sabe bien desde un ladrón de medio pelo hasta un pirata somalí que se encuentra a miles de kilómetros de España. 

No es cuestión de ser pusilánime, pero desde luego, la legislación penal de la que nuestro país se reviste adolece de un exceso de garantismo que puede explicar en gran medida por qué los que deciden atacar a los pesqueros españoles no temen las consecuencias de la eventual respuesta que dará nuestro país. Y es que dice el refranero, que el miedo guarda la viña. 

Rafael González Casero
Acerca del Autor:
Nacido en Toledo en 1981. Trabaja en la Administración Pública y cursa estudios de Derecho en la Universidad de Castilla- La Mancha.
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