Este fin de semana en el se conmemoran -anticipando el veinte de noviembre- las muertes del dictador Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, si los cuerpos de seguridad del Estado no lo evitan habrá nuevos altercados, ya que paralelamente se van a organizar actos de condena por el asesinato de Carlos.  

El gobierno de España debe actuar con contundencia contra el creciente extremismo de una pequeña, pero peligrosa, parte de nuestra juventud.

Los extremos antisistema, de un lado y otro del arco ideológico, están encontrando en Internet el caldo de cultivo propicio para extender sus redes entre algunos colectivos juveniles que por su falta de instrucción y formación son los más vulnerables.

Nuestro sistema educativo, con escaso nivel de exigencia en contenidos, perdida absoluta de la autoridad del profesorado y altos niveles de indisciplina tienen mucho que ver en ello.

El gobierno debe tomar nota, ante la citada  conmemoración del 20-N para que lo que ha sido un habitual y pacífico ejercicio de nostalgia franquista no se transforme en un enfrentamiento violento entre extremos.

El hecho de que el lema de la convocatoria de la manifestación de este fin de semana sea “Homenaje a José Antonio Primo de Rivera, asesinado por los socialistas” me parece de lo más inapropiado. Aunque fuera cierta esa autoría tiempo ha habido de superar los pasados enfrentamientos, incluso aunque se empeñe el propio gobierno en reavivarlos recuperando selectivamente el periodo más violento de nuestra larga historia común.

El PSOE de hoy aún siendo la misma persona jurídica que participó durante la II República en múltiples refriegas llevándose por delante a buen número de falangistas y en el levantamiento de 1934, contra el orden republicano, felizmente ya nada le queda de aquel radicalismo que entonces exhibió, en una época en la que se impusieron los extremos sobre la moderación.

Confío que el asesinato del joven vallecano Carlos Javier Palomino sea el último, y que el Ministerio de Interior se apreste a investigar su muerte y a prevenir actos futuros de esta índole.     

Sería lógico también que la Fiscalía General del Estado se sacudiera la pereza que ha demostrado al aplicar la Ley de Partidos sobre ETA-Batasuna, y con la extrema derecha fuera todo lo exigente que la ley permite a la hora de reclamar la firme condena de la violencia por parte de todas las formaciones políticas.