Pues sí, hoy voy a escribir sobre los abogados y la Seguridad Social, que sepan ustedes que hay un colectivo de abogados, muy numeroso en España, que a nivel de protección de la Seguridad Social tiene menos derechos que  un inmigrante.

Estos que después de jugarse la vida llega a las costas españolas y no se sabe cómo, valiéndose de artilugios y picarescas de origen o aprendidas y de acuerdo con la vigente legislación, se pueden empadronar en cualquier ayuntamiento de España, automáticamente, estén en la autonomía que estén, reciben una tarjeta de la Seguridad Social y con ella ostentan todos los derechos recogidos en la Ley 16 2003  de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Si alguien tiene interés podrá consultar en esta ley la cantidad de derechos que tiene ese emigrante empadronado.

Hoy  no toca escribir sobre otros derechos sociales, de educación, de ayudas etc., de los que me siento orgulloso, como ciudadano español, se puedan dar a la gente necesitada e inmigrante.

Lo que sí cuestiono es que parte de  los Abogados, que son ciudadanos que pagan sus impuestos, colaboran con Hacienda en los pagos de IVA, retenciones y cumplen con sus obligaciones fiscales, y laborales estén, como estamos muchos, privados de tener esa cartilla de la Seguridad Social que da derecho a las prestaciones de la Seguridad Social.

Para dar toda la información, decir que  hay Abogados que sí tienen esa cartilla de la Seguridad Social, son los que pagan el RETA, popularmente autónomos, pero los otros, los que pagamos Mutualidad nos vemos privados de detentar esa famosa cartilla antiguamente, ahora tarjeta.

Bueno, políticos, sra. Ministra de Igualdad, en su Ministerio, en esa Dirección General contra la discriminación que está creando, me pregunto si nosotros, abogados, ciudadanos colaboradores de Hacienda y cumplidores con nuestra obligaciones fiscales, laborales y de todo tipo; tendremos que seguir siendo discriminados y no tratados como iguales con los inmigrantes empadronados, que puede o no que  paguen sus impuestos y cumplan son sus obligaciones.

Por lo menos sí que tienen un  deber  de convivencia y de respeto a la nación que les da cobijo y al Estado que les otorga unos de derechos, sean de educación, sociales o de salud.

Sra. Ministra créame, sólo hablo de igualdad y de no discriminación para una profesión, la abogacía, que incluso colabora con el Estado, atendiendo en toda España el turno de oficio,  tratando de que se respeten los derechos y libertades de la ciudadanía.

Y no se crea ni por un momento que este colectivo está compuesto por mega despachos y que atiende a clientela de renombre, abogados y despachos de abogados  hay de todo tipo, desde el unipersonal hasta aquel que cuenta con cientos de abogados, eso sí, todos ellos estarán de acuerdo conmigo en que el agravio comparativo con los inmigrantes no lo resiste el menor juicio crítico de igualdad o discriminación……………….QUE PAIS.