El papel que el Estado debe jugar en las relaciones económicas de libre mercado ha sido ampliamente analizado durante muchos años. Así, desde el siglo XVIII la literatura ofrece numerosos estudios y corrientes económicas sobre cuál debe ser su función y su dimensión óptima, tanto en su versión política como económica: cuándo debe intervenir y cuándo no o qué bienes y qué servicios públicos debe gestionar en aras de salvaguardar un nivel mínimo en la prestación de servicios (o entrega de bienes) que garanticen el acceso en igualdad de condiciones a todos los miembros de la Sociedad. La doctrina económica ha atribuido a lo largo del tiempo diversas concepciones y roles intervencionistas al “Estado Económico”: desde la concepción hobbesiana del Estado como un “ser” todopoderoso (Leviathán) hasta las concepciones más extremas del Liberalismo económico (“laissez-faire, laissez-passer”) que asignan al Estado un rol intervencionista casi nulo.

Pero si hay un momento especialmente relevante en el cual es más tangible percibir la importancia y el papel que el Estado debe desempeñar en la Economía es aquél en el que el ciclo económico presenta tendencia decreciente.

Pero si hay un momento especialmente relevante en el cual es más tangible percibir la importancia y el papel que el Estado debe desempeñar en la Economía es aquél en el que el ciclo económico presenta tendencia decreciente.

Tanto a nivel internacional como en nuestro país, hemos asistido a múltiples ejemplos de intervención estatal en los últimos meses, especialmente en aquellos países dónde el concepto de Estado (económico y social) ha brillado por su ausencia en las últimas décadas.  

El escenario actual aquí descrito se ve claramente agravado en España por el hecho de que el Estado ya no tiene bajo su potestad los principales instrumentos de política monetaria para combatir la recesión: los agregados monetarios y el tipo de interés. De igual forma, la autoridad monetaria española tampoco puede ya devaluar “su” moneda para abaratar ciertas operaciones y exportar más. Transferidas esas competencias desde cada uno de los bancos nacionales al Banco Central Europeo (a excepción del Banco de Inglaterra), ya en mayo de 2008, el ex-presidente del FMI, Rodrigo Rato, recordaba que ésta es la primera crisis económica profunda que afronta España en el marco del euro, por lo que aconsejaba "ser conscientes de los riesgos de una economía integrada en una Unión Monetaria.” En este sentido, y bajo la incertidumbre de la existencia de un margen suficiente para la implementación de medidas de política fiscal, al Ejecutivo sólo le quedaría el recurso de deslizarse por la senda del déficit público, que, por cierto, alcanza ya el 1,3% del PIB.  

Extinguida la política monetaria del Banco de España, es ahora donde cada Estado europeo sufre y padece, cada uno en su justa medida, la rigidez (o flexibilidad) que cada Economía estatal experimente ante las medidas intervencionistas que otra autoridad, ahora supranacional, realice tanto en los movimientos del tipo de interés como ante las inyecciones de los agregados monetarios, a veces, por cierto, adjudicadas sin subasta. A diferencia de otros organismos, recuérdese que el Banco Central Europeo se preocupa, única y exclusivamente, de la contención de precios y no de otros objetivos de política. De lo anteriormente descrito se arguye que las políticas intervencionistas monetarias estatales se han visto mermadas a lo largo de los últimos años; cada vez existe menos Estado (monetario) con el que poder combatir los males que nuestra Economía española padece. En todo caso la dependencia de cada Estado europeo a la política monetaria única del BCE (y a la economía del resto de países), no hacen si no retrasar, el deseable cambio en la tendencia del ciclo económico. 

Fruto de la fiebre inmobiliaria de décadas pasadas, es el momento de señalar que en la actualidad, son las economías domésticas españolas las más endeudadas de toda la Unión Monetaria, por lo que su sensibilidad a la política monetaria europea será diferente a las del resto de su entorno. Ya Maquiavelo en el siglo XV, en el capítulo tres de "El Príncipe", recordaba a los gobernantes prudentes que deben "tomar en consideración no sólo las dificultades actuales, sino también las futuras, y prepararse para ellas, porque, cuando se anticipan, es fácil remediarlas; pero si esperas a que se acerquen, la medicina es ineficaz y la enfermedad  incurable, porque como dicen los médicos, las enfermedades al principio son difíciles de detectar y fáciles de curar, pero con el curso del tiempo, si no han sido detectadas, ni tratadas al comienzo, son fáciles de detectar, pero difíciles de curar". 

José Ortega y Gasset nos advirtió de las dificultades de una política de prevención. Lo hizo en "El error Berenguer", un artículo publicado en "El Sol" en Noviembre de 1930 que se hizo célebre como alegato en favor de la República, en el que el filósofo, tras elogiar la gestión del Ministro de Educación, Sr. Tormo -quien, al parecer, había logrado calmar contra pronóstico las tensiones en la Universidad-, explicaba así que no hubiera tenido el merecido  reconocimiento público:  "La especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente "generosamente" exquisita gratitud hacia quien le quita la enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre es profundamente ingrato." La cuestión estriba en que, hoy por hoy, sin los instrumentos adecuados, propios e inherentes a los males de nuestra economía (la española), no sólo no es posible la máxima prevención, si no tampoco la intervención óptima que asigne a cada mal padecido, la receta correcta.