La pasada semana, desde las páginas de La Nueva España , justifiqué la necesidad de proceder a una nueva licitación de la parte de la obra de ampliación del puerto de El Musel objeto del descomunal modificado de 232 millones de euros «extras», amagüestado con nocturnidad y alevosía por el «galáctico contratista», por el presidente de la Autoridad Portuaria y por el secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento. Lo justifiqué sin más que invocar las leyes y normas europeas y españolas sobre contratación de obras públicas, para no alterar las condiciones de competencia del proceso de licitación celebrado hace tres años.

 También reclamé -inútilmente, por lo que se ve- una comisión de investigación parlamentaria en la Junta General del Principado para depurar responsabilidades políticas y administrativas en un impresentable expediente donde se desconoce una memoria justificativa creíble de las razones del modificado, récord negativo en la historia de las obras públicas españolas. En tal expediente faltan los informes de Puertos del Estado -¿lo estarán pergeñando a hurtadillas?- y del asesor jurídico de la Autoridad Portuaria de Gijón -¿por qué no ha hablado ya el abogado del Estado competente?- preceptivos, así como la certificación de existencia de crédito -ni siquiera hay partida en los Presupuestos Generales del Estado- y el informe de la Inspección de Servicios del Ministerio.

 

Resultan estruendosos los silencios cómplices de tantos tutores de la sociedad local, Ayuntamiento, Cámara de Comercio y otros comercios mediáticos, asociaciones de empresarios y comerciantes, sindicatos, ateneos, asociaciones vecinales... claro que, como es conocido, algunos ocupan plaza en el consejo de administración portuario, con dietas que no son precisamente bagatela. En todo caso, ¿será que es tontería recabar tantos papeles para impedir que nos desplumen 38.000 millones de las antiguas pesetas? ¿Será que en Gijón sobra el dinero y lo regalamos a los particulares que nos lo piden? Pero ¿nos han solicitado opinión a los gijoneses antes de reconvertir El Musel en la cantera, antes cueva, de Alí Babá?

 

El que no se inhibiría si los responsables de esta tropelía fueran militantes o simpatizantes del Partido Popular (PP) sería el fiscal Anticorrupción. En el escandalazo de El Musel tengo muchas dudas de su diligencia, a pesar de la colosal dimensión del perjuicio al erario público (o sea, del pueblo) y de la no menos clamorosa falta de respeto a las leyes vigentes. Pero si el celo de tal fiscalía fuera compatible con su imparcialidad, además de los argumentos anteriores puedo apuntarle alguno más, porque la historia de las irregularidades del proceso de contratación de la ampliación de El Musel comenzó el mismo día de la adjudicación de la obra. O, mejor dicho, de las obras, ya que conviene recordar que las ampliaciones de El Musel y de La Coruña fueron adjudicadas en 2004, prácticamente al mismo tiempo, a la misma empresa. A la misma. Eso supuso la adjudicación de más de 1.000 millones de euros de una tacada al «contratista galáctico», cosa bastante rarilla porque en las ofertas técnicas de cada concurso hay que explicitar los medios técnicos y los equipos humanos que se ofertan para las ejecuciones de las obras. Ninguna empresa española tiene duplicados los ingentes medios y equipos que requieren las gigantescas y largas ampliaciones portuarias de El Musel y de La Coruña. ¿Cómo se explica esto? Para empezar, digo yo, investíguese.

 

Pero hay más. Es público y fue publicado que en el puerto de La Coruña se presentaron tres UTE en las que participaban los seis grandes grupos de construcción españoles, algunos a través de sus filiales especialistas en puertos, acompañados por empresas locales. En el caso del principal puerto asturiano, además de estos grandes grupos acompañados también de empresas locales, se presentó otra UTE formada por medianas empresas del sector, junto con la empresa local propietaria de la cantera precisa para la ejecución de las obras y por Duro Felguera. En la mayoría de los casos los concursantes presentaron oferta «Base», correspondiente al proyecto de la Administración y oferta «Variante» que podía referirse únicamente al proceso constructivo, con proyecto redactado por el licitador, y en el que generalmente se adaptaban las dimensiones de los cajones de hormigón con los que se construye el dique a los «cajoneros» de los que disponían los diferentes concursantes.

 

En el caso del puerto de Gijón, la UTE de empresas medianas y de Duro Felguera presentó una «Variante» en la que se proponía el traslado de toda la escollera necesaria por medio de ferrocarril, en lugar de transportarla en camiones, como preveía el proyecto base. Dicha «Variante», bien considerada por el Ayuntamiento, minimizaba mucho la afección al tráfico rodado por la ciudad (algo padecen de eso en La Calzada) y se ofertaba su realización con tracción y vagones aportados por la propia UTE, con independencia total del material remolcado y de tracción que pudieran aportar las empresas ferroviarias públicas. En los cuadros adjuntos se resumen las ofertas presentadas a ambos concursos. Podemos observar que, en el caso de Gijón, la UTE ganadora lo hizo con una oferta económica que no suponía rebaja del presupuesto de la Administración, mientras que existían ofertas con bajas de hasta el 15,48%, si bien éstas no pudieron resultar adjudicatarias porque los sabiondos de la Autoridad Portuaria que ahora descubren un nuevo oleaje en el mar Cantábrico y unos costes aterradores en las canteras asturianas les quitaron los puntos necesarios para que se tuviera en consideración la oferta económica de dicha propuesta. ¿Por qué se excluyeron las ofertas que suponían ahorro para los presupuestos públicos? ¿Por qué no le dieron la puntuación técnica correcta a la oferta de Duro Felguera, acompañada de empresas solventes de tamaño medio y de una empresa propietaria de la cantera precisa para hacer esta obra, los mismos sabiondos que ahora nos tratan de hacer tragar la bola de que la culpa del desmadre de costes son las canteras? Si hubo ofertas excluidas en su día que sí valoraron la importancia de las canteras, ¿por qué se las excluyó deliberadamente quitándoles puntos? ¿Por qué éstos ahora, por decencia y por justicia, no tienen la posibilidad de volver a competir en la obra de El Musel que otro quiere modificar unilateralmente, a precios de compadreo y sin concurrencia, una vez eliminada la incómoda competencia?

 

Para terminar, ya que en el expediente reglamentario del pretendido «hipermodificado» no hay papeles ni informes serios, el fiscal Anticorrupción debería pedir las minutas, los testimonios y las actas de las conversaciones, reuniones, cabildeos y visitas empresariales inexplicables, previas al anuncio del «modificado galáctico», mantenidas por la avanzadilla mercenaria del arecismo encarnada por Menéndez Rexach y su precursor, el rancio mangoneador de los puertos españoles, Fernando Palao, que no ha dejado de perjudicar con sus triquiñuelas al puerto de El Musel, anteriormente con González y ahora con Zapatero. La diferencia es que antes tenía contestación enérgica desde Gijón, y ahora tiene complicidades en Gijón y en el Principado de Asturias. ¡Todo un síntoma del garrafal rumbo que llevan nuestra villa y nuestra tierrina!