Si el puerto de El Musel, como todos los de España, hubiera sido privatizado hace tiempo y gestionado con los criterios del libre mercado, esto no estaría pasando. Es totalmente inevitable, por necesario y eficiente, que los puertos tengan gestión privada, pero eso debe hacerse mediante una venta pública, abierta y limpia.

La situación escandalosa del puerto de Gijón ocurre a causa de la naturaleza pública de la Autoridad Portuaria y a la irracional fobia histórica a todo lo que signifique privatización sin complejos.
Las obras del superpuerto están en crisis aparente. La obra la adjudicó el Gobierno de España en 2005 por casi 580 millones de euros pero hoy se anuncia oficialmente que su coste será de un 40% ó un 50% más, es decir, entre 815 y 870 millones. Y no es un rumor, lo ha dicho el Ministerio de Fomento a través de Palo Taboada. Cuando los modificados –aumentos sobre el presupuesto inicial- de la sobras son razonables, por imperativos técnicos demostrados y pequeños, se pueden asumir. Cuando son gigantescos, como es el caso, la empresa adjudicataria, en este caso una UTE en la que está, por sociedad interpuesta, la ACS de Florentino Pérez, la empresa debe ser penalizada y obligada a ajustarse al presupuesto inicial. Además se da la circunstancia de que no ha habido ninguna licitación “a la baja”, es decir, menor que el precio marcado de salida. Por tanto, si la obra es aceptada por 580 millones, que se haga así. Lo llamativo es que el Gobierno acepte de buen grado la modificación.
Detrás de esto está el deseo confesado por las empresas adjudicatarias y por el mismo Florentino de hacerse, no ya con la obra, que ya la tiene, sino con la gestión del puerto en el futuro. Que sepamos no hay ningún proceso de privatización abierto. Por tanto la pretensión de llevarlo a cabo de manera encubierta y “a dedo” es alta. Los adjudicatarios de la obra se ofrecen a sí mismos “como avalistas para nuevos créditos que necesite la gran obra del superpuerto gijonés”, pues, para ellos y sin vergüenza “el interés de las grandes constructoras se fija en la importancia estratégica de las instalaciones portuarias asturianas” (Nueva España, domingo 28). A esto, Florentino añade que está interesado en hacerse con la terminal que gestiona EBHISA, la de graneles (mismo número de LNE). Esto no es ni siquiera privatizar, es regalar un bien estatal a determinados particulares directamente.
Y para acabar de demostrar que lo que hay no es ni libre mercado ni capitalismo, sino puro mercantilismo digno de lo más rancio del siglo XVIII, la maniobra se completa con el hecho de que la misma Autoridad Portuaria de Gijón es accionista de la empresa EBHISA . Imagínense –es ficción, pero resume lo que ocurre- esta frase a Florentino proviniendo de Fomento y la Autoridad Portuaria: “Me financias la obra y te doy el puerto y su terminal de graneles”.
En suma, se entrega “a dedo” un puerto a unos empresarios sin que haya un proceso abierto y limpio de privatización.
Corromper es pervertir la naturaleza original de algo y sucede con frecuencia. Y aquí se está pervirtiendo la que debería ser naturaleza privada original del puerto de El Musel y, aprovechando los mecanismos del poder regalar la instalación. Más libre mercado y menos mercaderías política. Más emprendedores  arriesgados y menos empresarios de salón.