Durante los últimos años los asturianos estamos, “mutatis mutandi” en una situación similar, en algún aspecto, a la de la primera mitad del siglo XX en la que había que emigrar para ganarse la vida. Hoy los asturianos que viven en la región no están en situación de miseria pero sí podrían estarlo si no hubiese la emigración cualificada que hoy existe. Las cifras de paro está, estos meses, incrementándose y la perspectiva para los próximos es aún peor.

Uno de los factores más negativos para la región es el estancamiento que existe en la acumulación de capital por parte de las empresas y de los ahorradores. Sólo aquellos empresarios que están conectados con el exterior pueden sortear las crisis siempre y cuando su actividad esté guiada por el mercado internacional y no por la falsa orientación que les proporcionen las ayudas públicas a la exportación. Con respecto a la actividad comercial de empresas asturianas fuera de España, el grado de globalización es muy exiguo. Y si nos fijamos en el nivel de integración económica de Asturias con el resto de comunidades autónomas, está muy por debajo de la media española, tal y como revelan los índices econométricos elaborados al efecto por Rafael Flores de Frutos.

Por tanto, tenemos que las empresas asturianas están encerradas en sí mismas, generan escasa inventiva, escasa investigación aplicada  -I+D+I- y existe un reducidísimo dinamismo. Esto último se percibe ante la escasa creación de empresas duraderas y la permanencia estable de los mismos empresarios en las mismas posiciones en la economía regional.

Todo esto, que puede calificarse de estancamiento claro, es la consecuencia de prácticas mercantilistas por parte de la administración regional y porque el gasto público, junto con la excesiva presión fiscal que padecemos, impiden la formación de capital y la creación de empresas que ofrezcan nuevos y mejores servicios a los consumidores asturianos.

Uno de los más perniciosos instrumentos que el gobierno utiliza es el impuesto progresivo. Esta calificación técnica, “progresivo”, esconde una realidad reprobable. El IRPF, tal y como está aplicado, es un impuesto confiscatorio. En una situación como la asturiana, tan aislada del resto de las economías del entorno nacional y europeo, el resultado es claramente negativo.

La exacción fiscal progresiva del actual IRPF grava las rentas más altas y limita la capacidad de las empresas ya asentadas para aplicar sus capitales a la investigación o mejora de productos. Pero es aún peor para las que empiezan, para los innovadores porque, simplemente, el impuesto progresivo les limita gravemente la posibilidad de existir. En tal estado, los empresarios asentados, con larga herencia, se encuentran cómodos puesto que gozan de una situación de oligopolio en la que, si bien no acumulan mucho capital productivo, se encuentran libres de competidores creativos, que quedan fuera de juego. A esta situación no contribuye sólo el IRPF progresivo, pero sí es uno de los factores más relevantes.

Hay otros, como los pactos de concertación que convierten parte de la actividad empresarial en gestión burocrática a cuenta de la administración regional.

Quienes defienden el impuesto progresivo echan mano de dos tipos de argumentos. Uno es el argumento, falsamente moral, según el cuál atribuyen a la redistribución progresiva el valor de reducir desigualdades económicas aunque reduzca el nivel global de riquezas. Tal argumento es ya poco citado, por insostenible en términos lógicos, pero su esencia sigue siendo un factor que legitima el expolio fiscal. Explota la envidia latente y deja que se generalice la idea de que es mejor que el rico sea menos rico aún a costa de empobrecerme yo. Frente a eso, la lógica del interés humano estriba en que importa poco si los ricos triplican su bienestar si, a cambio, los más pobres duplican el suyo.

El impuesto progresivo estanca y empobrece, en términos generales, a todos.
Los argumentos supuestamente económicos a favor del impuesto progresivo giran en torno al hecho de que, recaudando más tal y como se logra con el IRPF actual, se pueden realizar más obras públicas. Y, añaden, éstas logran generar actividad y empleo cuando la crisis económica se avecina. La falsedad de este argumento fue ya comentada por Asturias Liberal al comentar el deseo de los constructores asturianos de que se aprueben los presupuestos regionales.

Es, realmente, ilógico y falaz reducir la capacidad de inversión y renovación de las empresas, rebajar su capacidad de inversión y avance para, después, compensar a la sociedad asturiana de esa pérdida incrementando las inversiones decididas por los políticos.  La efectividad de las inversiones se produce, justamente, a la inversa de cómo se pretende. Es en manos de los consumidores y de los empresarios como el dinero tiene su aplicación más eficiente y creativa por la sencilla razón de que se guían por el mejor indicador posible: los precios. Éstos son los que indican dónde los consumidores prefieren tener más bienestar y dónde los empresarios tienen que crecer para satisfacerlos.

El intento de presentar las inversiones públicas como creadoras de riqueza en mayor medida que las que deciden los agentes del mercado lleva a lo que tenemos hoy en Asturias: estancamiento y zozobra ante las embestidas de las crisis.

Además, el clima sociopolítico, con el proteccionismo inmerecido que las grandes empresas asentadas reciben mediante la progresividad de los impuestos o las subvenciones y concertaciones, se enrarece y se llena de caciquismos y mercantilismos trasnochados.

Otros son los impuestos que, igualmente contribuyen a esta lamentable situación: el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sociedades y el de Sucesiones y Donaciones. Tiempo habrá de tratar los mismos.