Para aclarar convenientemente el sentido de la propuesta que Asturias Liberal realiza, hay que señalar convenientemente que en absoluto se orienta al tipo de propuestas que se realizan desde otras autonomías como Cataluña, desde donde se exige una independencia fiscal de hecho ni, lógicamente, una versión asturiana de los conciertos vascos o de los fueros navarros.

Nada proponemos que ponga en riesgo la unidad fiscal española ni cambios relevantes en la actual competencia fiscal de que goza Asturias. No obstante, Asturias es una región dependiente de las aportaciones que se realizan desde el resto de España y necesitada de un desarrollo económico autónomo. También es una región donde los gastos del gobierno regional presentan una progresiva opacidad y el carácter expansivo de los presupuestos que se aprueban año tras año amenazan con perpetuar el modelo estatista, tristemente tradicional, de Asturias.

Hoy día se concibe, en Asturias, al modelo autonómico como un lobby cazador de rentas, bien del Estado, bien de la actividad económica de los asturianos , con el objetivo de gastarlas en mantener un cierre localista de la economía regional. Tal y como Xavier Sala, en el artículo que reproducimos en este número, señala de Cataluña, la economía asturiana debe, también, globalizarse, “desaldeanizarse” . Por ello consideramos al instrumento fiscal de vital importancia en esa apertura.

Los objetivos de la autonomía fiscal, tal y como la proponemos son:

Primero. Devolver a los ciudadanos buena parte de las rentas que entregan obligatoriamente mediante los impuestos para aumentar, así, la tasa de ahorro y consumo de los asturianos. Este objetivo tiene el valor de compensarles de la inflación que, tratándose del peor de los impuestos posibles, perjudica a los que menos tienen en beneficio injusto de otros sectores de la sociedad.

Segundo. Contribuir al control y transparencia de las cuentas públicas regionales. Los sucesos oscuros de la construcción del Hospital Central de Asturias, en la Cadellada, o de los sobrecostes de la ampliación de El Musel lo aconsejan. Pero no sólo eso. Los acuerdos de concertación, estrechamente vinculados a los presupuestos que se aprueban desde el inicio de la autonomía asturiana, suponen una transferencia de rentas desde los ciudadanos contribuyentes a los empresarios y sindicatos con la que se acentúa el proteccionismo localista en perjuicio de la apertura económica.

Tercero. Evitar la depredación fiscal a que tienden todos los gobiernos vinculando la presión fiscal asturiana con la de otras regiones. Sólo introduciendo competencias fiscales para Asturias que la permitan competir en impuestos con otras autonomías, podremos captar capitales de otras regiones españolas y áreas europeas .

Como decíamos al principio, para lograr este objetivo altamente beneficioso para Asturias, y que cambiaría el modelo de estancamiento actual por uno de dinamismo, no es necesario romper la unidad fiscal española tal y como está definida actualmente. Sólo hacen falta dos bloques de medidas:

En primer lugar, aumentar la capacidad normativa regional sobre los impuestos ya cedidos, sin alterar el nivel de cesión de los mismos. Mejorar la competencia normativa sobre, por ejemplo, el tramo autonómico general del IRPF, implica más capacidad para arbitrar deducciones más amplias y generales y la posibilidad de reducir el número de tramos y la progresividad actuales encaminándonos hacia un tipo único y menores tarifas. No es imprescindible una armonía completa en la filosofía fiscal para aplicar el impuesto.Para eso hay que renegociar esta capacidad normativa y la ocasión ideal para ello es la reforma del estatuto de autonomía.

En segundo lugar, se precisa que, independientemente de lo anterior, el gobierno autonómico aumente su capacidad normativa en los impuestos indirectos y acometa decidida y unilateralmente la eliminación del Impuesto de Patrimonio. En esto, como en otras cosas, llegar primero es triunfar dos veces. Tanto el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que afecta a la factibilidad de muchos intercambios legítimos entre propietarios de inmuebles, como los especiales sobre el alcohol, los carburantes o los transportes, deben también, totalmente, estar bajo las competencias normativas autonómicas. Por otra parte, una drástica reducción cabe pedir para el Impuesto de Sucesiones, que afecta gravemente a la capacidad de los asturianos de beneficiar a las próximas generaciones mediante los propios descendientes.

La consecuencias deseadas de reformas similares se hayan ampliamente documentadas en las aportaciones de economistas como William  A. Niskanen, U. Hange y D. Wellisch quienes, desvelando la incapacidad de los procesos electorales para forzar a los gobiernos a un mayor control presupuestario y a una mejora de la flexibilidad económica, proponen instrumentos fiscales para lograrlo.

La autonomía para gravar a la baja bases imponibles móviles (rentas del trabajo y del capital) dejando capacidad recaudatoria en las inmóviles (impuestos indirectos y sobre la propiedad) introducirá una dinámica de captación de capitales, un incentivo para la libertad empresarial asturiana y que no perjudicará a la recaudación al lograr una mayor actividad económica.