Reflexiones como las realizadas en la primera parte de este artículo, así como el estudio de la historia autonómica de Asturias, nos llevan a plantear una posibilidad de regeneración o, cuando menos, de debate profundo y remoción de obstáculos al desarrollo de nuestra región.

Dos son los ejes sobre los que gira la propuesta liberal para Asturias. Cada uno de ellos se asienta en una necesidad perentoria de nuestra región y, también, derivada del entorno nacional:

1.  Complejo y dependencia. Desde el comienzo del mal llamado autogobierno, Asturias ha padecido siempre el “complejo de Cenicienta” fruto de la que denominábamos en un anterior artículo “ideología autonomista”. Se padece el primero a causa de la segunda. Tras décadas de estatismo bajo la industria estatal, motor de Asturias bajo el franquismo, la autonomía proporcionó, desgraciadamente, la idea de que Gobierno regional equivalía a un “lobby” institucional para seguir extrayendo recursos del Estado.
Ante la perspectiva de la crisis industrial en los ochenta y primeros noventa, la contemplación de la eficaz captación de recursos realizada desde los nacionalismos catalán y vasco incrementó el complejo antedicho entre los asturianos. En lugar de plantearnos un cambio profundo en el modelo estatista heredado del franquismo, la ideología autonomista proporcionó un nuevo ropaje a la vieja esperanza de que todo recurso para el desarrollo económico y social debía provenir del Estado.
Es así que la reclamación de competencias nunca iba acompañada de una asunción de responsabilidades fiscales por parte de la autonomía. Al igual que en el conjunto dle desarrollo autonómico, más “autogobierno” significaba y significa más dinero del Estado gastado por políticos regionales. En Asturias, con escasa tradición de libre empresa y demasiada de proteccionismo, la autonomía y su demanda de competencias “para gastar aquí” supuso y aún supone adormecimiento y dependencia. En Asturias la economía carece casi de leyes propias, pues rigen, esencialmente las del favor político .
Por ello, Asturias necesita un nuevo estatuto que reduzca el margen de intervención perniciosa generada por pretender tener una “autonomía de gasto”. Un estatuto que minimice normativamente ese gasto y que incremente la corresponsabilidad fiscal del Principado es imprescindible. Se necesita un estatuto que exija un nivel de prestaciones por parte de la Administración Central igual al mínimo que disfrutan en otras regiones. Pero, y esto es muy importante, que se responsabilice de extraer de la propia economía asturiana los gastos que se pretendan exceder de ese mínimo. En este terreno y por último, el nuevo estatuto debe incorporar una limitación taxativa a los gastos exigiendo lo que la ortodoxia económica y el sentido común que rigen en las  regiones más avanzadas: el equilibrio presupuestario.

2. Desorden territorial de España. En los últimos cuatro años el desarrollo del título octavo de la Constitución, donde ya presentaba deficiencias anteriores, entró en una dinámica de ruptura de la unidad e igualdad entre españoles. La apertura de la reforma autonómica catalana, dictada más desde el nacionalismo que desde la Constitución y su esencia, incorporó la novedad que desde los estatutos es posible modificar aspectos centrales del Estado y afectar gravemente a sus recursos. Los de Cataluña y Andalucía especialmente, pero también desde los propuestos en Valencia y otras regiones, menoscaban la soberanía nacional depositada en Las Cortes y aplicada por la Administración Central. De seguir su ejemplo, el asalto al presupuesto del Estado, la exigencia estatutaria de que éste realice gastos fijos anuales en Cataluña y Andalucía mediante métodos de cálculo diferentes para cada sitio y amoldados al principio de “capturar” cuantos más recursos mejor, sitúa el proyecto de España en situación de debilidad y, con él, la vida y el bienestar de regiones como Asturias.

Por eso desde aquí hemos de imponer sentido común. Al menos declarar abiertamente el mismo y, junto con los aludidos en la primera parte, Ramón Punset y Bernardo Fernández, aportar esa sensatez mediante dos líneas básicas:

A- Rechazar la incorporación en el nuevo estatuto asturiano de cualquier capítulo que se parezca mínimamente a una declaración de derechos y deberes de los asturianos. La incorporación de tales formulaciones en el catalán y el andaluz no sólo rompe el principio de igualdad entre españoles sino que rebaja la condición ciudadana de las áreas donde tendrán validez jurídica. En estos, la intromisión de los gobiernos autonómicos en la vida privada de las personas y en sus derechos económicos restringen gravemente su ámbito de libertades.

B- Rechazar también toda relación de la administración autonómica con la del Estado que no tenga un alcance multilateral. El recurso al bilateralismo, imperante en los estatutos citados, supone un juego de suma-cero en el que sólo pierden la igualdad y los ciudadanos de las regiones más pequeñas.

 

Es por lo anterior que el nuevo estatuto que proponemos ha de prescindir de declaración de derechos y deberes, pues ya existe en la Constitución

Es por lo anterior que el nuevo estatuto que proponemos ha de prescindir de declaración de derechos y deberes, pues ya existe en la Constitución

.Pero también ha de intervenir normativamente prescribiendo que la autonomía asturiana sólo se vinculará, para enmarcar los grandes asuntos de política regional en España, a la Conferencia de Presidentes autonómicos y en cuantos órganos multilaterales se estipulen para la relación con la administración central, que esa es la única vinculación legítima que se acepta en Asturias. Este aspecto tiene un encaje complejo en lo jurídico, pero ha de hacerse. Si desde el estatuto catalán se afecta seriamente la unidad administrativa y de recursos de España, desde Asturias hemos de afectarla también en sentido contrario, reforzándola. Puede parecer que aplicar una metodología jurídica similar, es decir, prescribir desde el estatuto lo que ha de hacerse desde España, es negativo, pero si se piensa bien, es la única manera de reforzar a España y beneficiar plenamente a Asturias respetando, completamente también, su autonomía y singularidad. Por muy claramente que se exprese el Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra el “Estatut”, la reversión no podrá venir sino desde los ciudadanos y esta ocasión es vital para que los de Asturias lo hagamos.

Por todo lo anterior, avanzamos la propuesta liberal y racional de que Asturias debe contar con un estatuto que ponga las bases del desarrollo económico asturiano libre, abierto y con una administración regional controlada, fiscalmente responsable y presupuestariamente equilibrada.
Debe, además, vincularse indisolublemente a España reforzando la Constitución y la igualdad entre todos los españoles.