Los argumentos que los miembros del Gobierno asturiano dan entorno a los presupuestos y los apoyos que recaban en medios empresariales acomodados a vivir del presupuesto público son poco creíbles. Lo cierto es, en este caso, lo contrario de lo que afirman y son los ciudadanos de a pie los que se beneficiarían de una prórroga del presupuesto regional

Digamos claramente lo que los manuales de economía más honestos dejan claro. Que el presupuesto que una administración pública elabora y ejecuta es un conjunto de ingresos obtenidos del bolsillo de los ciudadanos y un conjunto de gastos seleccionados con criterios variables donde los políticos priman sobre los de rentabilidad económica, que es lo mismo que decir que beneficio social.

Se da la circunstancia de que los ingresos en las arcas regionales provienen tanto de los asturianos como de las transferencias que les hace el Estado y de subvenciones finalistas de la UE.

Es así que, en lo que nos interesa en este caso, son los asturianos de ahora y los del futuro –por las deudas que contrae el gobierno y que habrá que pagar- los que financian los gastos del gobierno. En el proyecto de presupuestos que Areces presentó se espera que le entreguemos 37,2 millones de euros a través del impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, mientras que por el impuesto sobre la renta se prevé recaudar 623,7 millones y 60 millones a través del impuesto de sucesiones y donaciones. En total pretende ingresar unos 721 millones de euros para, junto con los préstamos y lo que los ciudadanos del resto de España nos entreguen, se lleven a cabo inversiones en obra pública y el llamado injustamente “gasto social”.

Vamos a la inversión en obra. La Confederación Asturiana de la Construcción, dirigida por Serafín Abilio, presiona, como siempre lo hizo, sobre los partidos en la Junta para que apoyen el presupuesto

La Confederación Asturiana de la Construcción, dirigida por Serafín Abilio, presiona, como siempre lo hizo, sobre los partidos en la Junta para que apoyen el presupuesto

La inversión en obras es la estrella publicitaria del presupuesto. Se dice por quienes se benefician directamente de ella, tanto en euros como en prestigio político, que la inversión tirará del PIB regional en un momento en que los síntomas de recesión para el 2008 parecen ciertos. La excusa, cuando España y Asturias crecen, es la misma, lo que hace dudar de los motivos aducidos. Dos son las falacias en que se cae cuando se refiere la inversión pública como un motor económico.

Con la primera de ellas se asegura que las obras de infraestructura, especialmente la viaria, tienen siempre un efecto de potenciador de la actividad económica. Falso. Las infraestructuras de transportes, y para confirmarlo hay un sinfín de estudios ya hechos, pueden tener un efecto de bloqueo de la economía si éstas son realmente deficientes o muy deficientes. Las carencias de Asturias fueron de este tipo hasta, como muy tarde, los años noventa. Pero confirmar este efecto negativo de la deficiencia de infraestructuras no equivale en absoluto, ni lógica ni empíricamente, a tener que asegurar que las infraestructuras viarias son motor de la economía. Una carretera, una línea de ferrocarril o un puente aéreo sólo son rentables si se usan, lógicamente. E, incluso teniendo clientes que se suban al transporte, sólo desbloquean a otros sectores económicos si, quienes viajan, aportan con ello un volumen de negocio que no se produciría sin esa línea de transporte.

Asturias está, desde hace más de un lustro, en un estado de necesidad similar al de otras regiones, es decir, que hay que renovar y mejorar la red de transportes pero sólo para evitar futuros bloqueos a la economía, no para mejorar ya el PIB. Y las inversiones en infraestructuras de transporte han de ser, por tanto, medidas con criterios de rentabilidad económica y estudios de impacto no ambiental, sino económico respecto a los dos ejes citados: número de usuarios previstos y efecto sobre la actividad económica de sectores que necesiten el transporte. Si no es así, sólo queda el criterio, no decimos que caprichoso, pero sí ajeno a los ciudadanos, de los políticos.

La segunda de las falacias afirma que, por sí misma y sin tener en cuenta la utilidad de la infraestructura construida, la obra pública tenía un efecto positivo en la economía puesto que suponía contratos con empresas que tienen trabajadores y subcontratas y cuyos salarios acaban destinados bien a ahorro, bien, más seguramente, al consumo. Es cierto que se da esa corriente de dinero, pero, al desvincularla de la utilidad de la carretera o del tren resultante, no será más que una mera transferencia forzosa de dinero de unas manos, los contribuyentes asturianos, a otras, los de las empresas constructoras.

De ahí el interés convicto y confeso de la patronal de la construcción de Asturias en que haya nuevos presupuestos. Esta falacia es una vieja y derrotada receta aplicada en los EE UU en la época del New Deal y que, para no extendernos sobre su ineficacia real, ejemplificamos en la anécdota del empresario americano de visita a la China de Mao. Parece ser que el yanqui, viendo una obra pública en la que una ingente cantidad de obreros trasladaban con pico y pala enormes cantidades de tierra, le dijo al director de obra chino:
-¿Cómo es que se pierde tanto tiempo y efectividad trabajando de esta forma cuando es posible acabar antes y mejor con maquinaria adecuada?.
- ¡Sí, es posible eso que usted dice, pero de esta manera se ocupan más puestos de trabajo!, respondió el encargado.
Atónito ante la respuesta pero lúcido en la réplica, el empresario añadió:- ¡Bien, entonces sustituyan las palas por cucharillas!¡Emplearán así a más obreros!
Inversión pública para cubrir puestos de trabajo y transferir dinero en los contratos es beneficiar sólo un sector a expensas de los ciudadanos y sin efecto comprobado sobre la economía.

Igualmente la patronal general, FADE, muy interesada tanto en la inversión pública como en el reparto de dinero que se produce en los pactos de concertación, pide presupuestos. Junto con ella, los sindicatos, CC.OO y UGT, especialmente, reciben un generoso subsidio total dividido en diferentes conceptos. Resulta especialmente llamativo, por fraudulento, el que ambas partes de la “mesa social” ingresan por cursillos de formación técnica que no tienen fundamento profesional alguno y que se realizan a bajo coste para cobrar un subsidio de cuantía superior. Empresas y sindicalistas inventan contenidos innecesarios para “no perder la subvención”.
La tónica del gasto público es, por norma general, de este tipo. La decisión de inversión del gobierno regional está en las antípodas del cálculo de rentabilidad social, que es económica

La decisión de inversión del gobierno regional está en las antípodas del cálculo de rentabilidad social, que es económica

Desmitificado así el argumentario más utilizado para exigir un acuerdo entre las tres fuerzas parlamentarias asturianas entorno a un  presupuesto para 2008, sólo nos queda concretar qué diferencia política y jurídica hay entre un nuevo presupuesto y uno prorrogado.

Es importante dejar claro antes que siempre habrá presupuesto. Las alarmas sobre el peligro de que “Asturias quede sin presupuesto” son radicalmente falsas. Un presupuesto prorrogado es siempre un presupuesto y cumple básicamente los mismos fines que uno nuevo.

La diferencia es, primero, política. Que el presidente Areces no cierre un acuerdo sobra las cuentas regionales de 2008 supone una declaración, a efectos propagandísticos, de debilidad política. Y cuando decimos política nos referimos a ese halo de misticismo olímpico de que se rodean los “servidores públicos” cuando logran sacar adelante una propuesta sin tener en cuenta la utilidad social de la misma. Algo así como la satisfacción que  obtiene  un matón cuando salía vencedor de una pelea en el saloon de un pueblo del viejo oeste. Sólo le importa a él y a sus contendientes.

La diferencia económica y la jurídica es más importante que la anterior y, en determinadas circunstancias, como es la actual, le resulta más interesante a los ciudadanos la prórroga que el nuevo presupuesto.

Las circunstancias que aconsejan la prórroga son las siguientes:

1. Cuando los presupuestos presentados para aprobación no suponen más contención del gasto público y reducción de impuestos. Las cuentas de Areces se incrementan en un 7,22% a costa de reducir el disponible de los ciudadanos para gasto económico, lo cual, al ser estos los protagonistas del crecimiento, se les priva de decidir cómo gastar. Asimismo, al no expandir el gasto en la prórroga, se evita aumentar la inyección de dinero público de manera, como hemos relatado, ineficaz, dudosamente rentable y frecuentemente fraudulenta.
No obstante, aunque la prórroga evita que se expandan estas malas prácticas, sin duda no impide que se sigan haciendo. Aún así esto ya no puede hacerse con la ligereza acostumbrada por los gobernantes.

2. Es así que si en el presupuesto de 2007 las partidas están fijadas de determinada manera, el gobierno asturiano, en caso de prórroga, no podrá modificar los destinos de gastos e inversiones sin pasar por un exigente filtro de modificaciones presupuestarias constantes y casi diarias que han de justificar en la intervención general y bajo control jurídico. Y esto es bueno para los ciudadanos. Los gobiernos de Areces se caracterizan por una enorme alegría a la hora de saltarse las cautelas legales que velan por la honestidad en la gestión. Los casos del HUCA y de la ampliación de El Musel son los más recientes pero no los primeros ni, a buen seguro, los últimos.

Vistas así las cosas, una prórroga presupuestaria es un plus de control ciudadano y legal que bien le viene a Asturias a la espera de tiempos mejores en los que las reducciones de gastos y de impuestos cedidos por el Estado sean ya claramente percibidas como única vía de salir del marasmo a que la ideología autonomista, reedición asturiana del también clásico sentido de la dependencia del dinero público, nos ha llevado.