Surge el mito autonomista: Pedro de Silva. Asturias duerme. Larga, profunda y consistentemente. A caballo entre el aldeanismo más estrecho y el misticismo más atroz, los asturianos que se quedan en esta preciosa y entrañable tierra cuidan alicortamente de sus asuntos mientras que los que no tienen ni asuntos huyen ante la escasez de nichos para alcanzar el estatus de ciudadanos productivos que pretenden.
Ni las cifras de crecimiento económico, enmarcadas en el entorno expansivo que España vive desde 1997, ni las de desempleo, aliviadas por los que se van, pueden darle la vuelta a una región en la que la clase política es tanto reflejo de nuestro problema como obstáculo para su solución.
La siesta es vieja pero en democracia fue, justo hay que decirlo, cuando empezó a ser preocupante. Un somero repaso de las principales actuaciones de los gobiernos autonómicos asturianos dan buena cuenta del escaso hálito de los políticos en los que los asturianos nos reflejamos a tenor del empeño sostenido por elegirlos.
Pedro de Silva. La ingenuidad regionalista.
La primera etapa de gobiernos regionales, la de Pedro de Silva, se dedicó a parar los golpes asestados por la impopularidad de la reconversión, necesaria para salir de un tipo de estatismo, aunque no haya servido para evitar caer en otro. Como primer “gobiernín”, buscaba hacerse con recursos y competencias para parecer imprescindible y necesario ante los asturianos. Acometió tareas de gestión administrativa que sustentaran sus pretensiones de poder, como fueron la de centrarse en sanear ríos, la de construir un vertedero central de basuras y de acordarse del turismo de nuestro extremo occidental. Si a esto añadimos la construcción de los hospitales de Cangas del Narcea y Jarrio, tenemos que lo hecho es lo que, en propiedad, puede bien hacer una diputación provincial en el marco de un eficiente gobierno nacional.
Para Pedro de Silva, la denominada “cuestión social”, es decir, las huelgas y presiones de unos sindicatos que percibían una pérdida de base social tras el adelgazamiento de las plantillas en las grandes empresas, fue un asunto prioritario. Y lo fue porque la autonomía supuso la formación de un patio de vecinos regional con un foro, la Junta General y una excusa para intervenir en él, la existencia de consejeros y presidente, o sea, la presencia de un remedo de gobierno. Así, la oposición de entonces presionó a Silva acusando a su partido de arrasar la economía y a él, especialmente, por no saber asumir más competencias autonómicas.
Se perfiló en esta etapa, de esta manera, uno de los mitos más recurrentes derivados del Título VIII de la Constitución y que tanto daño habría de hacer en toda la geografía de España y por motivos más o menos diferentes: que las competencias autonómicas serían la salvación de la economía de cada región. La necesidad de colocación de un elevado grupo de políticos regionales, con escasas perspectivas de promoción nacional, alentó la expectativa de acomodo en un espacio menos competitivo que el de Madrid
La necesidad de colocación de un elevado grupo de políticos regionales, con escasas perspectivas de promoción nacional, alentó la expectativa de acomodo en un espacio menos competitivo que el de Madrid 
. El incentivo funcionó rápidamente y la lista de aspirantes a percibir rentas se incrementó notablemente en paralelo a la que podemos llamar la “mitología autonomista”, ideología que dio y sigue dando cobertura a las aspiraciones honestas de muchos asturianos y a las interesadas de bastantes.
Los gobiernos de De Silva, atrapados en una argumentación falaz pero sin salida posible salvo la de negar su propia existencia, respondieron con cierta celeridad negociando con la multinacional Du Pont para obtener con su instalación en Asturias, al menos, un impacto propagandístico. Donde no se pudo llegar, es decir, hasta cambiar el marco económico que depende más de la economía nacional y de un entorno crecientemente global que de decisiones políticas locales que ahogan la flexibilidad, se buscó el llamado “apaciguamiento social”. De Silva concretó este concepto en el reparto de recursos económicos entre empresarios asentados y sindicatos en su primera Concertación social y en el Plan Cuatrienal para Hunosa pactado, cómo no, con el SOMA-UGT. La funcionalidad de la autonomía, por más que falsa en la economía real, sí resultó eficaz en la propaganda y en la evitación de huelgas a cambio de dinero público a quienes podía contenerlas. El clima político-social, con todas estas “soluciones”, pasó de denso a irrespirable pues el consenso regional en los medios de comunicación y entre todos los políticos abonaron esta situación de que era necesaria más autonomía, más presupuestos regionales y menos transparencia en el entramado empresarial y sindical.
Todo ello comenzó a funcionar, hasta hoy y sin visos de concluir, creando una ideología autonomista carente de expresión nacionalista pero con dos fuerzas motrices: el interés económico de una amplia clase política, empresarial, sindical y periodística operando en una reducida población, y la excusa de que otras regiones estaban logrando más autonomía y, por ende mayor desarrollo, emitiendo así una conjetura interesada y carente del más mínimo análisis económico e histórico.
La bases de todo este racimo de ideas e intereses marcaron a Asturias desde entonces hasta hoy. |
