Al igual que en el caso del aumento de costes de la obra del puerto de El Musel, la de la obra del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) nos remite a las relaciones perversas que los gobiernos llegan a tener con las empresas bendecidas por su favor, más propia del mercantilismo del siglo XVIII que del capitalismo de libre mercado. Las vinculaciones entre los políticos que encargan las obras y quienes las ejecutan, que acaban por convertirse en empresarios-concesionarios sin concurso público de por medio, son la esencia de esta moda premoderna de gestión.

El “modelo asturiano” de obras públicas nada tiene que ver con la libre competencia ni con la apuesta por el sector privado. Sí, y mucho, con la gestión estatista de la economía. Ésta presenta, históricamente, dos modalidades básicas: la socializada al completo en el que el sector privado es mínimo –modelo paradigmático y fracasado de la que fue URSS- y la privada mercantilista y concesionaria en la que los gobiernos satisfacen sus fines políticos a través de grandes empresas, mientras compensan a éstas facilitándoles pingues beneficios en exclusiva y a salvo de la competencia –modelo preferido por el fascismo-. Hoy, en nuestras democracias modernas, el libre mercado está fuertemente condicionado por esta última forma de hacer negocios y política tan cercana a la corrupción, tal y como los expertos de Transparency International  la definen.

Los hechos, con objeto de centrar los principal del asunto, son los siguientes. El gobierno de Areces, en el momento de negociar las transferencias sanitarias, rechaza la oferta del gobierno nacional, a la sazón del PP, de alrededor de 120,2 millones de euros para reformar el Hospital de El Cristo. O eso o sólo recibiría dinero el Principado para el funcionamiento ordinario del sistema sanitario en esta región. El gobierno socialista asturiano decidió prescindir de ello aduciendo que las instalaciones de El Cristo eran obsoletas y caóticas y que Asturias se merecía un nuevo hospital, en La Cadellada, acompañado, eso anunciado con la boca pequeña y en términos dulcificados, de una voluminosa operación de especulación urbanística en la zona. Sólo introduciendo en un nuevo Estatuto las prescripciones sobre gestión económica necesarias se pondrá Asturias en el buen camino

Centrándonos en la construcción, ocurrió que el gobierno regional acometió sin financiación las obras del nuevo centro sanitario licitándolo en unos 205 millones de euros desprestigiando las valoraciones que, ya entonces, calculaban un coste real mucho mayor. Es decir, se licitó a la baja para obtener una aceptación publicitaria al proyecto y, quizá, con otros objetivos a alcanzar en el futuro.

El escándalo que estalla en estos momentos es el del reconocimiento oficial, por parte del gobierno Areces, de que las obras tendrán un sobrecoste de un 50%, a todas luces ilegal si atendemos a la legislación que regula los contratos del Estado. Se sitúa, así, el coste real, en 301 millones de euros, aproximadamente. Para sortear la legalidad e intentar contener la sensación de escándalo público, se aducen diferentes razones de difícil crédito, como que un aumento del 10% de la superficie construida de hospital justifican el coste del modificado.

Pero, al asumir la gestión de la Sanidad, el gobierno del Principado incurrió en otro generoso gasto extra, que afecta muy gravemente la sostenibilidad del sistema. Con un objetivo político y, es muy posible, que para lograr una “paz sanitaria” necesaria ante la migración hacia el nuevo hospital en La Cadellada, los salarios del personal transferido se vieron beneficiados por una generosa subida. Mediante ella, los jefes de servicio de Asturias se situaron en un 145% más de salario que los homólogos de la comunidad autónoma menos pagadora y a los médicos adjuntos en un 18% más que la que menos les paga. Y eso a costa del presupuesto regional en el que ya constan los montantes pactados con el Estado para sostener el sistema en años sucesivos. Es decir, que se empezaron a consumir los recursos futuros –ya los de hoy- en el presente –es decir, ayer- en un claro comportamiento irresponsable que pone en evidencia los motivos políticos a la hora de gestionar el dinero público.

La denuncia es imprescindible y, si como se sospecha, una trama de descargos en las responsabilidades hace complejo desentrañar quién tiene qué culpas, lo cierto es que la calificación de corrupción no es una mera salida de tono. Y la vulneración de los principios de transparencia, prudencia y honestidad en la gestión de fondos públicos merece una investigación de la fiscalía.

Las salidas que se plantean en esta tesitura son muy pocas. Si en el caso del sobrecoste de El Musel, las empresas adjudicatarias de la obra ya han apuntado el final al declarar que aspiran a recibir en propiedad trozos del futuro puerto, es decir de beneficiarse de una privatización “a dedo”, la salida en la Sanidad regional está menos clara. Hay voces que anuncian una intención similar. De hecho, por un documento interno conocido por La Nueva España -1, de noviembre de 2007-, se está planteando la necesidad de hacer cambios en el modelo de gestión. Eso puede se traducido por privatizar la Sanidad asturiana. Empero, si eso es perfectamente factible en el caso de los puertos, no existe consenso ni social ni político para hacer lo mismo con el sistema de salud. La salida que pedirá al final el autoasfixiado gobierno de Areces será la de la gestión del HUCA por una agencia de capital mixto en el que la parte privada tenga como figurantes a los perjudicados por el sobrecoste de las obras, es decir, las empresas adjudicatarias. La relación, de resultar ésta u otra fórmula de financiación privada, será la complicidad aún mayor y aún peor entre empresas-concesión y administración regional. Es decir, un precapitalismo mercantilista en el que la competencia brilla por su ausencia. Una situación final de este estilo condicionará qué empresarios harán las obras regionales de cualquier consejería por muchos años.

¿Cuáles son los planteamientos correctos aquí? El primero y urgente es el de denunciar y llegar al final de las responsabilidades contables, políticas y, si las hubiere, penales. Pero con eso no basta puesto que, incluso en el caso de que se pudiera contar con políticos más honestos y con más escrúpulos, el sistema por el que se financia toda la administración asturiana incentiva el despilfarro y la ocultación sea quien sea su gestor. Y esto es así porque comportamientos de este tipo se están dando en todas las administraciones autonómicas, aquejadas del mismo mal de irresponsabilidad que la asturiana. La autonomía es una maquinaria que gasta recursos de otra administración, fundamentalmente y se adjudica los méritos de dicho gasto.

Por esto, lo cual ya apuntamos en Asturias Liberal en artículos anteriores, el debate regional del despilfarro, ilegal o legal, ha de orientarse a construir sistemas normativos  y funcionales de control de las cuentas públicas, de contención del gasto y de responsabilidad fiscal.

La oportunidad nos la ofrece el debate, lento aún, abierto en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía. Tal discusión no debe quedarse en un mero retoque para adaptarse a la situación inestable que viven España y su modelo autonómico, sino que ha de incidirse en que las grandes reformas han de llevarse a cabo en y desde Asturias. La deficiencia en que vive nuestro modo de gestionar el mal llamado autogobierno asturiano se asienta en la irresponsabilidad de éste a la hora de gastar, a la hora de financiar ese gasto y a la hora de rendir cuentas.

Desde aquí reiteramos que un punto de solución, tanto a la tendencia inexorable al despilfarro y, por ende, a las corrupciones, radica en la reforma de la defectuosa financiación autonómica. Sólo introduciendo en un nuevo Estatuto las prescripciones sobre gestión económica necesarias se pondrá Asturias en el buen camino.

Estas normas serían:

Sobre estas bases trabajaremos en Asturias Liberal conscientes que de las polémicas regionales sólo se sale triunfalmente si se abordan en su contexto y desde su naturaleza.