Brevísima historia

Se trata del impulso emprendedor de Gonzalo Losada que presenta en su haber, durante su etapa como director de Espasa-Calpe la brillante idea empresarial de la Colección Austral

La editorial propia que fundó, con su apellido, presentó sonados triunfos entre los que se encuentra el Fondo de Cultura Económica y colecciones de éxito. Algunos de los autores cuya obra editó presentaban un sesgo ideológico poco grato al franquismo cuya censura y cárcel llegó a sufrir. Gonzalo Losada intuyó que entre la oferta editorial del momento y la demanda de lecturas existente había un hueco que cubrir. Y lo cubrió.

A su muerte, le sucede su hijo en la dirección de la empresa. Necesitada de renovación, en los años ochenta, para relanzar su proyección de futuro o, cuando menos, su adaptación a las nuevas demandas, el heredero no estuvo a la altura debida y, por no cumplir socialmente con los requerimientos de los consumidores, fue entrando en pérdidas.

Con ellas llega al año 1989 en el que el ovetense emigrado a Argentina, José Juan Fernández Reguera, se hace cargo de la dirección, primero, y de la mayoría accionarial, en 1990. Su aportación es claramente insuficiente a largo plazo aunque los primeros años introdujo mejoras cosméticas que parecieron revivir el antiguo esplendor. La gestión, pretendió no olvidar en lo básico el modelo de negocio que le había dado la aceptación del público.

Reguera fue alejándose de un público que presentaba ya otras necesidades y requerimientos y revelándose incapaz de hacer frente a la competencia editorial, plagada de innovaciones valientes, tanto en la edición como en la organización de las empresas, propias casi del siglo XXI. El editor asturiano  aboca el cambio de siglo con graves problemas económicos y con pérdidas. Intenta que su escasa visión empresarial, su carencia de percepción de los deseos del público y su negativa a una renovación interna sean sufragadas por algún organismo público con el que pudiera tener contacto personal; “enchufe”, al decir de la calle. Ni tan siquiera fue capaz de mantener una mínima capitalización de Editorial Losada que la hiciera un objeto apetecible por alguno de los grandes grupos empresariales que, en el ámbito de la edición y de los medios de comunicación, se configuraron en los noventa.

Y logra el asalto a lo público. En el año 2001, Reguera registra a “Losada” en Oviedo y consigue captar rentas públicas del Principado de Asturias. Sin más mérito que su origen asturiano, tener contactos en el gobierno de Areces y contar con el equivocado concepto “empresarial” de los socialistas, logra que la administración regional le ayude. Ésta entra en el capital social de la editora con un 40% de participación a través de ese INI “pequeñín”, juguete iluso de quien carece de comprensión del funcionamiento de los mercados, que es la Sociedad Regional de Promoción.

 La noticia consiste, como anunciamos al principio, en la quiebra de la empresa, después de cinco años de parálisis debida, además de a los errores de gestión citados, a la inacción subvencionada por la cómoda situación que le suponía el apoyo extraído de los contribuyentes, fundado más en lo que la editorial fue que en lo que habría de hacer.

 El mito del empresario protegido

La primera consecuencia de esta singladura es la idea de que la administración es, en toda circunstancia, incapaz de realizar gestión empresarial alguna. Y no se trata de que las personas que la dirigen sean de extracción funcionarial o procedan de la empresa privada. Si se da la circunstancia de que la administración regula, subvenciona y sostiene un negocio, sea quien sea su gestor personal, la quiebra es inevitable. La jugada de Reguera estaba clara. Le endosó al Principado una empresa deficitaria sin visos de dejar de serlo

La jugada de Reguera estaba clara. Le endosó al Principado una empresa deficitaria sin visos de dejar de serlo

Los fracasos de las administraciones públicas metidas a empresarias está ya suficientemente contrastado. La década de los setenta supuso el punto de inflexión de un modelo, el estatista, que pretendiendo hacer “de todos” lo que era “de particulares” acabó socializando las pérdidas de las empresas que adoptaba en su seno y particularizando el beneficio en los funcionarios que las dirigían. Y es que lo que el interés particular, privado, no puede captar, la burocracia ni lo llega a barruntar. Lo que un empresario no pueda hacer por su empresa, sólo podría otro, con más visión, alcanzarlo. Pero, para que eso pueda llegar, es imprescindible que el gestor esté directamente interesado, bien como propietario, bien a las órdenes directas de éste, en la marcha de la empresa. Y, muy importante, que sea la propia empresa la que soporte las pérdidas en que incurra así como que sea beneficiaria exclusiva de las ganancias.

Sufragar las pérdidas de una empresa mediante el erario público, además de injusto para los contribuyentes es fatal para la innovación de la propia empresa. Por otra parte, la exacción excesiva de los beneficios, a través de los impuestos, es, asimismo, perjudicial para la capitalización y para que esa empresa pueda defenderse en el mercado. ¿Y si una empresa emblemática como la Editorial Losada va abocada a la quiebra?. Pues eso significa, ni más ni menos, que ese empresario no ha captado los deseos de los consumidores, del público, ni, por tanto, puede servirle. Y si no puede servirle, no merece tener ganancias. Dicho de otra manera, los beneficios de una empresa son la prueba irrefutable de que ésta es un bien público, que atiende correctamente las necesidades de éste. ¿Qué razones hay para acudir al rescate?. Ninguna.

A pesar de que la experiencia histórica indica que las empresas intervenidas por la administración generan ineficacia y transfieren rentas de hacia otros y de que ese modelo periclitado si se sigue practicando es de manera camuflada, Areces decide entrar abiertamente en la empresa. Tal acción fue adornada por una cobertura ideológica que le permitió olvidar las lecciones de la Historia económica. Parece, según el socialismo protector de la cultura, que lo que es cierto para un fabricante de calcetines, de ordenadores o de galletas no lo es cuando se trata de una editorial o de cualquier otro proyecto de producción cultural. Y eso sin que haya más razón aducida que la de que “la cultura” es diferente, es espíritu puro, al parecer, y, aunque la demanda de ciertos productos culturales sea inexistente, hay que mantenerlos con cargo al dinero extraído políticamente de los ciudadanos.

Por contra, los bienes y servicios que englobamos en la “cultura” son bienes y servicios sujetos a las mismas leyes económicas que cualesquiera otros

los bienes y servicios que englobamos en la “cultura” son bienes y servicios sujetos a las mismas leyes económicas que cualesquiera otros

Un empresario editorial es, al igual que cualquier otro empresario, un servidor del consumidor sometido al test inapelable de su aceptación por parte de éste. Que la Editorial Losada haya sido una gran editorial, no la cualifica para que en 2002, dejado atrás el olfato empresarial que mereció el éxito de compradores, hubiera de ser rescatada contra los deseos de unos consumidores que la rechazan. ¿Que se trata de cultura?. Mal planteamiento de difusión cultural es el que adoptan tanto Reguero como Areces si piensan saltarse el veredicto inapelable del consumidor. No hay razón válida, pues, para considerar una editorial o cualquier otra empresa cultural –cine, arte, teatro, etc- como diferente y eximida de servir a los deseos del público.